Extranjería


Orden de expulsión


¿Qué sucede si tengo una orden de expulsión?


Si una persona extranjera realiza conductas muy graves o graves estando en territorio español, en vez de sancionarla con una multa, puede aplicarse la expulsión del país, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción.

En el caso del extranjero que se queda en situación irregular en territorio español existe la posibilidad y el riesgo de que la policía lo detenga por encontrarse indocumentado y la administración abra un expediente sancionador imponiendo o bien una orden de expulsión o bien una sanción económica (multa). En ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa, la elección entre ambas sanciones se encuentra sujeta al principio de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción cometida y la sanción impuesta, propio del ámbito sancionador.

Al extranjero que se encuentre en esta situación y sea detenido por la policía se le abrirá un expediente administrativo sancionador con la consiguiente propuesta de expulsión. Asimismo, se le podrá imponer la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.

Esta sanción de expulsión del territorio nacional puede conllevar aparejada la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado. Igualmente, conlleva una sanción de prohibición de entrada a España por determinado tiempo. La duración de la prohibición se determinará en consideración a las circunstancias que concurran en cada caso y su vigencia no excederá de cinco años.

Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública, podrá imponerse un período de prohibición de entrada de hasta diez años, previo informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

El extranjero deberá abandonar el territorio español en el plazo que conste en la resolución advirtiéndosele que si no cumple se procederá a su detención y expulsión en un plazo máximo de 72 horas.

También será causa de expulsión que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. Hay que señalar que nunca podrán imponerse de forma conjunta las sanciones de expulsión y multa.

La expulsión del país conllevará la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado. No obstante, la expulsión podrá revocarse en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

La expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá, en principio, cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales.

La resolución de expulsión deberá ser notificada al interesado, con indicación de los Recursos que contra la misma se puedan interponer, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para presentarlos.

Cuando nos encontramos ante un procedimiento sancionador de expulsión, debemos solicitar la revocación del procedimiento y subsidiariamente la sanción de multa.

En las alegaciones hay que hacer constar toda la información disponible sobre el cliente, familia o amigos.

El arraigo familiar, es determinante en la mayor parte de los casos para neutralizar la sanción de expulsión.


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